El desafío cívico del delito

Por Hilario Wynarczyk (*) 

Buenos Aires

De este artículo, que fue escrito a comienzos de 2003, yo presenté la primera versión en el “Encuentro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Región Bonaerense”, que se extendió en la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, desde el 11 al 13 de octubre. Al pastor Néstor Míguez y a mí, nos correspondió iniciar con nuestras exposiciones el Panel “Realidad y Misión”, y eso tuvo su lugar en la fecha históricamente reservada en la Argentina a la celebración del Descubrimiento de América, que hoy conocemos como “Día de los pueblos originarios”: el 12 de octubre. Pero señalar el 2003 nos lleva a pensar que han transcurrido más de catorce años desde entonces. ¿O digamos simplemente, quince años, ya? Luego de ese extenso período, al descubrir que su contenido no perdió la vigencia conceptual, decidí publicarlo en ECUPRES.

El problema en la teoría sociológica 

Para comenzar este punto podríamos partir de una premisa, que se sostiene por sí misma en los próximos párrafos: la búsqueda de barreras contra el delito es un problema de Estado cuando representa una amenaza a la vida de los ciudadanos, la protección de sus recursos, la existencia de muchos jóvenes muchachos y chicas, y en definitiva al sistema sociopolítico.

Pues en efecto, el tratado de Don Martindale, “La teoría sociológica, naturaleza y escuelas” (“The nature and types of sociological theory”, de 1960), nos permite conocer, cuando apenas se hallaba comenzada la segunda mitad del siglo XX, que las interfaces entre delito y sociedad ya había recibido un tratamiento sistemático (desde el tipo de enfoques que Martindale agrupa en un amplio abanico con la denominación de “teorías del conflicto”), por autores como su compatriota estadounidense George Vold.

No obstante la denominación de “Theoretical Criminilogy”, el libro de Vold resultó un tratado de muy buena sociología –sociología del conflicto–, que en 1958 nos aportaba, sustentado sobre una amplia experiencia empírica, conceptos capaces de continuar siendo sólidos frente a los fenómenos de la realidad social, hasta el punto de hacernos posible construir aquella premisa del párrafo precedente.

De esa manera, en todos los sistemas sociales el delito suele devenir un comportamiento político (sostenía Vold) en ciertos momentos. Y lo mismo sucede en sentido inverso. De manera tal que la mayor parte del comportamiento delictivo puede adquirir naturaleza política, y las relaciones de los bajos fondos (habitados, agregaría yo, por lo que los marxistas llamaban lumpen, lumpen-protroletarios), con los estratos del mundo “superior”, tienden a integrarse. De esa forma las prácticas de conductas delictivas pueden funcionar como calcos perfectos del comportamiento no delictivo y decente, un concepto que expuso Edwin Sutherland, en su obra titulada “Delito de cuello blanco” (“White collar crime”, 1949) antes todavía que apareciese el libro de Vold.

Al final de ese temprano recorrido sociológico, podemos contar con herramientas conceptuales que nos ayuden a pensar y discutir nuevas percepciones de problemas que tendemos a interpretar como desafíos en la vida de las sociedades y naciones-Estados.

El problema en nuestro contexto 

Girando ahora hacia “la realidad real”, percibimos que en nuestro contexto se encuentra instalada así, como una verdad de sentido común, la idea de que los secuestros y robos con torturas a las víctimas, y las matanzas a sangre fría de personas que apenas se resisten, reúnen todas las características de una industria o actividad empresarial.

Una actividad empresarial donde existen capas de directivos que establecen estrategias, ejecutivos que dirigen las acciones, operativos que las realizan, búsquedas de fuentes de recursos para sustentar la logística de las operaciones, y cierto infaltable capital de “buenos contactos”. Aparentemente habría procesos de  compra de funciones, del estilo que en la jerga de las organizaciones empresarias se denomina “tercerización”, encomendadas a individuos o grupos.

Posiblemente a causa de esa característica, es posible sostener que difícilmente encontraríamos ladrones como los que roban automóviles a las personas que están por entrar en sus casas, capaces de llegar con sus robos a hacerse millonarios, vivir en mansiones, viajar de paseo y de negocios por diferentes países, aunque ciertamente podrían ganar dinero para vivir, adquirir drogas o pagar abogados que les ayuden a sacarse de encima, unas ayer, otras hoy, otras mañana, las causas que a lo largo del tiempo y desde la adolescencia han ido acumulando. Hasta que un día, en alguna ocasión, los maten. O eventualmente los vecinos indignados les quemen la casa de su familia.

De esta manera, la magnitud y la crueldad del delito en este país parecen mostrar una convergencia de organizaciones delictivas, agentes intermediarios del poder político, cooperadores de los subsistemas de seguridad, y estructura de clases. Esta visión del problema, de hecho no comprobada ni demostrada tal vez en la realidad de la Argentina, se encuentra sin embargo ampliamente difundida en la población y en lo que podría llamarse la “plataforma cultural” de la gente. Y asimismo en las “gramáticas culturales”, cuyas dinámicas generan ciertas designaciones lingüísticas y las vuelven semejantes a las cosas naturales, igual que la lluvia y el viento.

De esta manera aparecen, sobre todo en el léxico de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, las expresiones “secuestro exprés” (secuestro por pocas horas, de bajo nivel de complejidad, con su correspondiente demanda de dinero), “salidera” (asalto a la salida de un banco, a una persona que fue a cobrar dinero, y que podría ser una mujer embarazada, de quien alguien pasó los datos), o “entradera” (asalto a un hogar cuando alguien se dispone a entrar en su casa).

Estas palabras devienen tan naturalizadas como escuela, hospital, banco, municipalidad. Quienes no cuentan con una caja de herramientas adecuada para articular verbalmente en términos teóricos esta percepción del problema, sostienen como hipótesis la misma perspectiva, y creen que tiene una base en su experiencia y la experiencia ajena que otras personas les cuentan, o que ven en la televisión, lo cual en suma no deja de constituir un saber empírico.

Mientras tanto, numerosos legisladores y periodistas piensan en términos parecidos y pueden expresarlos con recursos educativos más informados. Es lo que aparece frecuentemente en los periódicos, radio y televisión, a la par que va ganando terreno en libros que enfocan la cuestión desde diferentes ángulos de la realidad, como por ejemplo la violencia alrededor de la industria del fútbol, de enorme impacto.

Luego la magnitud política del delito se incrementa en la medida en que la vida humana y la propiedad dejan de estar a salvo, lo cual nos lleva a la palabra “anomia”. La inexistencia operativa de las normas. Los cimientos de la polis comienzan a temblar.

Yo he tenido la ocasión de vivir en un país donde en la década del 80 era común la idea de que algunos funcionarios del Estado estaban estrechamente relacionados con la industria del contrabando. Pude escuchar relatos de la manera en que el delito puede servirse de elementos del Estado de manera que pasan a ser un blindaje del delito.

Asimismo, en la medida en que las relaciones de los sectores más bajos de la sociedad y los más altos tienden a integrarse en la industria del delito, segmentos caídos del sistema de la nación-Estado transitan crónicamente las zonas grises interconectadas entre las actividades ilegales y la existencia en la marginalidad social. En el dominio de lo que se conoce como el “lumpen”, hay personas que ya no constituyen un ejército ocupacional de reserva en el sentido marxista, que periódicamente ingresan y salen del mundo del trabajo en las fábricas, o que migran del campo a las ciudades en busca de oportunidades para ganarse el pan, el hospital y la escuela. Los sectores moralmente destruidos (y sin los refuerzos de la educación) se constituyen en elementos disponibles para la industria del delito. En todo caso constituyen un ejército ocupacional de reserva para el delito.

Pero los criminales del último escalón pueden llegar a ser los vasos capilares del sistema. El núcleo del problema se encuentra resguardado en un lugar más profundo.

Al interior de semejante contexto, los mecanismos de control social regular de un Estado-Nación sufren una situación de ilimitado estrés. Sin embargo resulta evidente que las medidas de ajuste de las leyes penales –indudablemente necesarias–  no pasan de ser cosméticas si no las acompañan medidas estructurales. Parece necesario comprender y neutralizar las alianzas de la industria del delito con otros subsistemas que constituyen la estructura de la nación, el mega-sistema de nación y Estado. Y trabajar en problemas de fondo relacionados con cuestiones socioeconómicas y educativas.

La respuesta al problema demanda una ingeniería política en varios niveles. A su vez, la sociedad civil tiene que entender la situación y procurar la manera de acompañar los esfuerzos necesarios.+ (PE) 

 

(*) Doctor en Sociología por la Universidad Católica Argentina, Máster en Ciencia Política con mención en Teoría y Método por la Universidad Federal de Minas Gerais y Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires.

SN 0793/15

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