Puerto Rico, la colonia

 

Por Berta Joubert-Ceci 

Puerto Rico

Hacia finales de los años cuarenta, Estados Unidos bautizó a Puerto Rico la “Vitrina del Caribe”, como ejemplo a seguir por todo el Caribe y Latinoamérica. Era supuestamente el milagro de industrialización que ejecutaba el benefactor gigante capitalista del norte en una islita pobre, colonizada y subdesarrollada.

Luego de destruir la agricultura puertorriqueña, Washington fomentó la inversión extranjera, léase estadounidense, iniciando un modelo de industrialización, al principio con industrias livianas como la textil, para luego imponer farmacéuticas, petroquímicas y más tarde firmas biotecnológicas y de electrónica.

Aparte de la gran destrucción del medioambiente por estas compañías, ese proceso en nada contribuyó al verdadero desarrollo de la isla, aunque generó un aumento en los ingresos de un sector de la clase trabajadora. Son industrias con capital extranjero orientadas hacia la exportación, y que ni producen lo que se necesita en la isla, ni sus ganancias redundan en beneficios para la economía de Puerto Rico, sino para Wall Street.

Y con respecto a las tecnológicas, como lo escribía Sam Marcy, fundador del Partido Workers World-Mundo Obrero en su libro High Tech, Low Pay, no incorporan la infraestructura, ni los nuevos conocimientos necesarios para que Puerto Rico tenga un dominio de esa alta tecnología necesaria para poder desarrollar sus propias iniciativas.

La isla quebrada 

Esa es la verdadera “vitrina” que expone la realidad del estado colonial. Ahora Puerto Rico está en bancarrota con una deuda de más $73 mil millones, cuatro veces más que la deuda que hizo a Detroit declarar bancarrota hace 2 años. Adeudados a buitres financieros de Wall Street por el pago de bonos municipales que tienen un altísimo rendimiento.

Sin embargo, por su condición de colonia, Puerto Rico, a diferencia de Detroit, no puede declarase en bancarrota para poder renegociar la deuda. Esto quedó claro cuando el administrador colonial de turno, el gobernador Alejandro García Padilla, pasó una Ley de Quiebra “Criolla”, pero fue prohibida por el Tribunal Federal en San Juan. El gobierno de Puerto Rico ahora la está apelando en el Tribunal de Apelaciones de Boston.

Situación económica

La grave crisis se viene gestando desde hace tiempo, intensificada por la crisis económica a nivel mundial desde 2008. El gobierno colonial ha ido pagando sus deudas metiéndose en nuevas deudas impagables, vendiendo bonos que las casas de evaluación crediticia constantemente reducen su categoría a diferentes grados de chatarra, lo que hace que el gobierno a su vez tenga que pagar mayores dividendos. Es como el pez que se muerde la cola.

Pero ya no hay de dónde sacar más dinero en Puerto Rico para pagar a los bonistas, pagos que según la constitución colonial, son prioritarios y van por encima del bienestar del pueblo.

Según las cifras del Negociado Federal de Estadísticas, el desempleo es del 11.8 por ciento. Sin embargo, como siempre, estos números “oficiales” no reflejan la realidad. Se cuenta el subempleo como empleo, las jornadas cortas como tiempo completo, etc. También hay que tener en cuenta la inundación de emprendedores de EUA que por los incentivos del gobierno lacayo de García Padilla se han mudado a Puerto Rico con enormes alivios contributivos.

Se han perdido más del 20 por ciento de los puestos de trabajo desde el 2006. Actualmente se pierden 387 puestos al día. (NCM Noticias: Jesús Dávila, Borrón sin cuenta nueva).

Hay una migración masiva hacia el sur de EUA de boricuas, ciento cuarenta y cuatro mil en 2014. Muchas/os de ellos jóvenes acabados de graduar de universidad. Una verdadera fuga de cerebros y de futuro. ¡El pueblo de Puerto Rico paga por su educación para que beneficien al imperio!

Según el Dr. Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, “El año pasado calculamos que 361 médicos abandonaron la isla, esto es uno por día. Este año esperamos 500 o más” (independent.co.uk) Solo queda un pediatra por cada 900 niñas/os y el índice de mortalidad infantil está en 8.2. Hay un deterioro general de la salud en la población, incluyendo en salud mental que ha visto un aumento de depresiones y suicidios.

Las familias están perdiendo sus hogares por el altísimo costo de vida y la pérdida de ingresos. “Por primera vez en Puerto Rico, el valor de las propiedades reposeídas ha superado los $900 millones” (El Nuevo Día, 23 de mayo, 2015). Las familias muchas veces tienen que escoger entre pagar la hipoteca o los gastos de salud o educación.

El 21 de mayo, mientras las/os maestros de Puerto Rico celebraban la Semana del Maestro, el secretario de educación, Rafael Román Meléndez, anunció el cierre de 94 escuelas públicas y la “reconfiguración” de 502. Ya anteriormente el Grupo de Boston –un grupo de asesoría de gestión basado en Boston y activo en todo el mundo– había recomendado los cierres escolares como medidas de austeridad.

Medidas del gobierno 

Puerto Rico se ha ido vendiendo desde los años noventa cuando se privatizó la Compañía Telefónica bajo el gobernador Pedro Roselló. Desde entonces todas las administraciones han ido privatizando todos los bienes públicos incluyendo el aeropuerto, servicios de salud, carreteras, la preciada industria de la piña, etc. La consigna del movimiento progresista e independentista desde entonces ha sido “Puerto Rico no se vende”.

La “reconfiguración” de las escuelas es realmente otro intento de privatizar la educación. Las pocas agencias que quedan sin privatizar lo están gracias a la incesante lucha de sus trabajadoras/es, como la Autoridad de Energía Eléctrica que el sindicato clasista UTIER ha defendido con uñas y dientes.

Aparte de las ventas, el gobierno ha querido pagar la deuda aplicando medidas impositivas al pueblo trabajador. Mientras gigantes compañías transnacionales y megatiendas como Wal Mart sacan miles de millones en ganancias pagando impuestos irrisorios, si lo pagan; al pueblo se le ha obligado una carga de 11.5 por ciento de Impuesto de Ventas y Usos, IVU, con la posibilidad de una imposición de IVA, Impuesto de Valor Agregado más tarde. De hecho, el 16 por ciento de IVA que García Padilla quería imponer fue rechazado por la legislatura a mediados de mayo gracias al rechazo enorme de la población.

Estas medidas son sumamente excesivas y con consecuencias nefastas para la población que ya de por sí esta empobrecida.

El pueblo rechaza medidas 

Aparte del consenso general del pueblo en contra del IVA de 16 por ciento, la resistencia se hace más fuerte por parte de estudiantes y sindicatos.

Al tiempo en que se escribe este artículo, las/os estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, UPR, conocidos por su militancia que evitó la privatización de la UPR hace solo pocos años, están reunidas/os en asamblea para determinar cómo van a proceder en la lucha en contra de las nuevas cargas impositivas. Ya desde semanas se han estado organizando por recintos (son 11), y uniéndose a estudiantes de otras escuelas. Diferentes acciones han tomado, incluyendo paros de 48 horas y una gran movilización al Capitolio el 13 de mayo.

Su consigna es “Ni IVU ni IVA, que paguen los de arriba”.

No sólo repudian las mediadas, sino que ofrecen al gobierno alternativas para enfrentar la crisis como “que se eliminen las exenciones contributivas a empresas multinacionales hoy mantenidas por el Estado. También se avaló que se enmendara el Artículo 6.8 de la Constitución, el que prioriza el pago de la deuda por encima de los servicios al pueblo” (Facebook: Radio Huelga).

Las maestras y maestros, por otro lado, liderados por EDUCAMOS y ÚNETE, están convocando a maestras/os, madres y padres para una movilización en repudio del cierre escolar para el 26 de mayo frente al Departamento de Educación.

En un artículo, el puertorriqueño Nelson A. Denis, autor del exitoso libro recién lanzado ‘War Against All Puerto Ricans’, da una fácil solución para la crisis de endeudamiento: terminar con la Ley de Cabotaje. Esta Ley, mejor conocida como la Ley Jones de 1920, obliga a que toda mercancía que transite entre EUA y PR, lo haga en barcos con bandera estadounidense. Aunque es complicado explicar todos los detalles en este poco espacio, resumiendo, el valor de las cuotas proteccionistas de EUA, impuestos, tarifas y recargos de barcos y puertos, el más caro del mundo, tendrán que ser transferidos al pueblo consumidor puertorriqueño, lo que encarece sobremanera la mercancía.

Concluye Denis, “Desde 1970 hasta 2010, la Ley Jones costó a Puerto Rico 29 mil millones de dólares. Proyectada desde 1920 hasta el presente, este costo se convierte en $75,8 mil millones de dólares. Irónicamente, este costo de $75,8 mil millones es superior a la cantidad de la actual deuda pública” (latinorebels.com).

La ley Jones no es sino una expresión más del colonialismo. Así que para solucionar la deuda de una vez por todas, es imprescindible la independencia de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico Libre!+ (PE)

Publicado originalmente el 26 de mayo de 2015 en  http://www.workers.org/articles/2015/05/26/puerto-rico-la-colonia/

SN 0814/15

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