Uruguay. Reclaman aplicar plenamente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Medios Arte

La Coalición por una Comunicación Democrática en Uruguay discrepó públicamente con el Ministerio de Industria, Energía y Minería quien declaró en los medios que no se avanzará en la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta que no se conozca el último fallo de la Suprema Corte de Justicia,

En un documento público la Coalición sostiene “que no es necesario esperar hasta la última sentencia de la Corte para comenzar a implementar una norma fundamental para democratizar las comunicaciones en Uruguay”

La posición del Ministerio se dio a conocer en el momento que la Corte atestigua que recién en diciembre estarían listas las decisiones mientras que  “voceros empresariales han hecho saber que podrían presentarse nuevos recursos de inconstitucionalidad”

Con paralelismo de lo ocurrido en Argentina el panorama se presenta de tal forma que “se congelaría la implementación de políticas públicas que aseguren mayor diversidad y pluralismo en nuestro concentrado sistema de medios al menos hasta 2017, cada vez más próximos al año preelectoral, donde se hará muy difícil avanzar en cambios en este sector” explica la Coalición por una Comunicación Democrática creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales.

Por otra parte, existen seis fallos de la Corte que marcan una clara jurisprudencia a favor de la ley que permiten avanzar en la aplicación de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre ellos la transmisión en TV abierta de los próximos partidos de la selección uruguaya de fútbol, iniciar el proceso para crear el organismo de aplicación de la ley (Consejo de Comunicación Audiovisual) y designar el Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA)..

La Coalición, que tiene como objetivo promover el pleno ejercicio de derechos ciudadanos, “hace notar la parálisis en que ha entrado el Ministerio de Industria al detenerse procesos que estaban en marcha durante la anterior administración” y reclama un cambio en el Ministerio porque “más allá de sus intenciones” beneficia los intereses de los principales grupos mediáticos que buscan revertir o al menos demorar la aplicación integral de la Ley.

El documento finaliza afirmando que “Una ley en vigencia que no se implementa y políticas públicas que dejaron de aplicarse significan un retroceso en los procesos de democratización de las comunicaciones en que nuestro país había logrado avances significativos en los últimos años” + (PE).

SN 316/16

 

 

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